Aguas sucias

Aguas sucias en el APRA

A estas alturas de sus 57 años ha descubierto Alan García que sin agua no hay democracia, o que agua puede traer votos, que en su caso viene a ser lo mismo. Ojalá hubiera sabido eso durante su primer gobierno. Entre 1985 y 1990, la cobertura de SEDAPAL en Lima fue en promedio del 70% [actualmente es 91%] sin ninguna mejora respecto al quinquenio anterior. Pero la empresa elevó sus costos brutalmente por el abultamiento de la planilla y gastos improductivos. No hubo inversión para incrementar las reservas y aumentar la oferta de agua para la metrópoli. En esos años la capital recibió una tremenda presión migratoria por efecto de la violencia en la sierra y la inoperancia gubernamental para ubicar a esa gente y dotarla de servicios, con lo cual incrementó el bolsón de marginados.

También las empresas de provincias se deterioraron verticalmente en los cinco años de gobierno aprista. Así que hacia el final del gobierno, la solución de Alan García fue pasar la propiedad y gestión a los municipios, sin ningún financiamiento, con lo que terminó de hundirlas, porque los alcaldes, muchos de ellos también apristas, las convirtieron en fuente de empleos de favor, en caja chica, impidieron la actualización de tarifas para no perder votos, contrajeron deudas que no pagaron, etc. Al final estas empresas municipales medianas y pequeñas, descapitalizadas, desfinanciadas, burocratizadas, brindando pésimos servicios [agua por horas, de mala calidad, con baja cobertura, etc.] quedaron listas como pera en dulce, para que Fujimori las incluyera en los paquetes de privatización de la década de los 90.

En los 2000, el APRA está nuevamente detrás del agua en parte porque debe tapar las responsabilidades de la gestión del quinquenio 85/90. Porque de veras, cuando los alcaldes apristas que tanta mano han metido a las empresas municipales, ahora se vuelven privatistas como en Huancayo, Piura, Chiclayo y Trujillo, para mencionar sólo algunos casos, uno no puede evitar sospechar que hay afán de tapar manejos irregulares, echando la bola a otra parte. La privatización actual da la ventaja del borrón y cuenta nueva, al tiempo que permite créditos del BID de libre disponibilidad para las actuales gestiones y que arree el que viene más adelante.

Al APRA le ha costado bastantes votos de primera vuelta sostener alcaldes y gobiernos regionales en ruta de privatización. Pero de pronto se encontró con el filón que la derecha creyó haber hallado : vender la idea a los más pobres entre los pobres, que sus carencias de agua derivan de la existencia de empresas públicas. Si los privados estuvieran en su lugar tendrían conexión inmediata, precios razonables, y los demás, no ellos, pagarían un poquito más. Este caballito que no le funcionó a Lourdes, lo ha tomado García pensando en casi un millón de personas que no son atendidas en Lima.

En el Plan de Gobierno del APRA para el 2006 se utilizar la siguiente fórmula para el programa de saneamiento : Generar y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población urbana y rural que hoy no la tiene, con participación de la inversión pública y privada, donde nadie podría estar en desacuerdo en la finalidad de que todos tengan acceso al derecho humano al agua. ¿Pero cómo es eso de la participación de la inversión pública y privada, ¿son lo mismo? ¿Cuándo no hay una entra la otra? Y los grupos de interés que están buscando tomar las empresas de agua, ¿no existen? En la derecha la tragedia de los sin agua es un caballito de batalla para la penetración de las trasnacionales, con el argumento de que los pobres lo piden. Para el APRA hay que asegurarse que esos pobres se conviertan en votos, para luego con el poder en la mano negociarlos con las trasnacionales.

Dotar de agua es obligación del Estado, intransferible. Lo que no es lo mismo a no utilizar el concurso de socios privados para mejorar tecnologías de producción y gestión, asumiendo además que nadie inventa agua. Para enfrentar los retos de Lima, se requiere política de agua: [1] incremento de las fuentes y las reservas; [2] descontaminación del río Rímac, reduciendo las descargas mineras y otros elementos contaminantes; [3] modernización de las plantas de tratamiento; [4] recursos públicos para la extensión de las redes como parte de las políticas de reducción de la pobreza; [5] nuevo sistema de gestión de SEDAPAL con directorio autónomo y participación de la sociedad organizada, los técnicos y los trabajadores; [6] gerencia y personal ejecutivo, independiente del gobierno de turno; [7] tarifas balanceadas e igual número de horas de servicios para toda la población, tendiendo a las 24 horas de servicio continuo.

En provincias, estos mismos criterios deben adaptarse a la situación concreta, pasando por procesos de saneamiento, capitalización, des-endeudamiento, tecnificación, moralización de las empresas regionales y locales, estableciendo que su ámbito municipal de influencia no significa que la gestione el gobierno municipal de turno, sino que queden a cargo de directorios autónomos nombrados con criterios técnicos y participativos de todos los sectores involucrados de las sociedades regionales y locales. Sólo así se puede hablar de agua para todos y de agua como derecho humano.

Raúl Wiener

30/05/06

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De mala intención ha sido calificado el contenido del editorial del boletín de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo PIDHDD, que transcribí ayer y en el que se revisa la historia no santa del APRA respecto al problema del agua, precisamente cuando uno de los caballos locos de batalla de esta segunda vuelta se ha centrado en una casi mágica oferta de colocarle conexión a 500 mil limeños en los primeros meses de gobierno. Habría que decir que aquí, la verdad es la que está resultando especialmente mal intencionada. Lo que es además el permanente dolor de cabeza de García. Apenas lo sacan del mundo de los discursos y los anuncios grandilocuentes y demagógicos: vamos a superar a Chile en cinco años, todo el mundo se da cuenta que las evidencias de sus anteriores actos y los de su partido son pasivos demasiado fuertes para su actual pretensión de repetirse en el sillón presidencial y que las propuestas que está haciendo, aún las que parecen más sólidas, están infectadas de alta improvisación y superficialidad, que les quita valor como compromisos serios. 

Estoy más que convencido que García se encontró con el problema de los sin agua en plena campaña y lo hizo a partir de revisar lo que iba quedando del programa de la derecha para buscar bolsones de población y votos en sectores empobrecidos. Era la fórmula de ofrecer inversionistas privados dispuestos a colocar dinero para extender las redes hasta los sectores desabastecidos, a condición que les dieran la gestión de todo el negocio de distribución del recurso a ocho millones de limeños. El más grande negocio de nuestra historia. Y con disfraz de humanitario. Por su lado García, venía de mantener la fórmula de «no privatización de Sedapal» que era coherente con las encuestas que indican que esta es la opinión mayoritaria de los habitantes de la gran ciudad y que además le permitía seguir influyendo en el sindicato de esa empresa, cuyo secretario general es ahora congresista electo de la estrella. 

Ciertamente, la «no privatización del agua» alanista se ha estado resquebrajando desde hace buen tiempo por la política de muchos alcaldes y gobiernos regionales de esa filiación, que se han sumado a los programas que el BID promueve en el interior del país, para sanear las empresas municipales que los mismos alcaldes y sus partidarios han llevado al colapso, por vía de concesiones que suponen donaciónes y créditos complementarios para los municipios, como estímulo para ir a la privatización. Defender estas cosas le ha costado votos al APRA en Tumbes, Huancayo, Piura y tal vez en otros lugares. Como los vínculos con las mineras le han enajenado Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna y Ancash. Pero que hay una ausencia total de principios en todo esto, lo prueba, con mucha nitidez, que una vez elegido con la bandera no privatista, el propio dirigente Herrera haya empezado a correrse a considerar la posibilidad de otras formas de concesión, que serían necesarias para que García se tome prestado el plan de la derecha. De paso, además, el secretario general y su junta directiva, están obstaculizando el reingreso de trabajadores despedidos que no son de su posición y afectando la licencia sindical de los miembros de la dirigencia nacional de la FENTAP. 

Así que de malas intenciones hay bastante que hablar en este asunto. 

El punto es que Alan García ofrece agua inmediata a Lomo de Corvina, Pachacútec, Jicamarca, pero no tiene como la derecha la garantía que la Corporación Suez u otra gigante del agua, vengan a instalarse con su gobierno y en todo caso había muy poco tiempo para intentar un acuerdo. Por eso es que han tomado sin ningún recato los proyectos de Sedapal, que estaban completamente armados y listos de ejecución, pero detenidos por Sunass, SNIP, Fonafe y demás órganos de la maraña privatista de Kuczynski, para presentarlos como aporte propio. ¡Cómo serán de buenos, que hasta los proyectos los tienen listos! Y esa sirvengüenzura, quieren que la callemos. 

En realidad el APRA no sabe nada de agua, y esta viéndo este asunto con el peor ojo electorero. Y por cierto con sus pistolas anti guerra sucia. Que cómo se te ocurre acordarte del agua con heces me dijeron la otra vez, como si esto fuera un capítulo del pasado, y no existiera el caso del alcalde aprista de Huancayo procesado actualmente por distribuir agua con residuos fecales, afectando la salud de la población y los derechos de las personas. Que Alan García se haya excusado (es la palabra que corresponde) por sus pecados de juventud, no puede ser motivo para dejar de analizar lo que han sido responsabilidades de un gobierno que no era solo suyo y de gobiernos apristas a nivel regional y local. Y en todos los casos el balance es lamentable. 

Como dice la PIDHDD, lo que propone el plan de gobierno del APRA en política de saneamiento : «Generar y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población urbana y rural que hoy no la tiene, con participación de la inversión pública y privada», puede tomarse en su primera parte como una generalidad infinita, en la que podríamos borrar » abastecimiento de agua potable » y poner electricidad, educación, salud, vivienda y todo lo que queramos, y parecería un principio indiscutible que sin embargo obvia que los que formalmente tienen el servicio padecen de muchos otros problemas que son ignorados : racionamiento, contaminación, tarifas desiguales, etc.; y en cuanto a la inversión privada no indica en qué condición: como gestor o asociado, como titular de las empresas o subcontratista, como generador de las tarifas o remunerado por el Estado, etc. lo que define cuestiones decisivas que no pueden pasarse por alto. 

Por mejor intención que tengamos, no podemos regalarle al APRA y a García la bandera del agua. La democracia no existe con sed de millones de personas, es verdad; y tampoco con contaminación del recurso; con población abastecida unas cuantas horas mientras otros tienen piscinas y agua 24 horas del día; con empresas distribuidoras politizadas y desfinanciadas; con políticas sin principios, que hoy hablan contra la privatización y ya están privatizando en varias provincias. Aguas limpias, todo el día, para todas las personas, con gestión limpia, democrática y participativa, es la síntesis del derecho humano al agua.  

Raúl Wiener

31/05/06