La Pena de muerte no es Pena
Por: Marco A. Huaco P.
www.marcohuaco.com/mh
Si violaran a un hijo mío o alguien querido y cercano para mí, estoy seguro de que mi opinión sería distinta por un elemento pasional y emotivo y luego racionalizado con muchos argumentos aparentemente lógicos. Sin embargo, los principios y valores jurídicos de un Estado civilizado que se expresan a través de sus leyes buscan protegernos, no sólo de elementos antisociales como los violadores, sino también de nosotros mismos y de ser arrastrados por nuestras propias pasiones.
La pena de muerte no es ?pena?, sino venganza institucionalizada. Si fuera pena, entonces daría cabida a la re-socialización, ?redención? o recuperación del delincuente. Así que sinceremos los términos: hablemos de la ?venganza de muerte?. La muerte no re-socializa a nadie, pero la pena busca corregir al infractor basado en la certeza de que todo ser humano puede cambiar moralmente o ser sometido a tratamiento psiquiátrico. La aplicación de la pena no es privada pues el Derecho censura el hacer justicia con las propias manos y no es vengativa, pues asume que no se soluciona un mal con otro mal, ya que el resultado es un envilecimiento general de la sociedad. Se dirá que nuestra realidad penitenciaria no re-socializa a nadie. Es muy cierto, por lo que la solución del problema es transformar aquella realidad carcelaria, y no introducir la venganza como norma legal.
Por otro lado, el problema no es legislativo (nuevas leyes para endurecer el castigo), sino judicial. La realidad judicial demuestra que la cadena perpetua no se está aplicando para los violadores sino en pocos casos. Si se aplica la ?pena? de muerte, aplíquenla entonces también a los jueces corruptos y negligentes que actualmente no aplican la cadena perpetua sobre los violadores comprobados y reincidentes. Además la calidad del actual Poder Judicial (su sobrecarga procesal) no da esperanzas a nadie de que no se cometan errores fatales en la aplicación de la muerte como castigo. Y la corrupción generalizada no nos garantiza que no se utilice un proceso penal como vendetta o recurso de la represalia. Pensemos si confiaríamos en procesos penales de violación de menores dirigidos por los jueces de la época fuji-montesinista?. En un país con un poder judicial de esta calaña, más vale no arriesgar.
Finalmente, en cuanto a lo judicial y al criterio de la realidad debemos preguntarnos sobre lo práctico de la medida: teniendo en cuenta que la mayor parte de violaciones a niños procede del entorno familiar, ¿cree Ud. inteligente lector que aumentarán o disminuirán las denuncias por este delito?. La respuesta es obvia. Disminuirán las denuncias, y aumentará la impunidad. Un niño violado es capaz de callar para siempre con tal de que no maten a su papi. Una mujer oprimida es capaz de silenciar al niño abusado con tal de no enviar a la muerte a su pareja. Y si a ello le agregamos que vivimos en un país culturalmente cristiano que dice profesar los diez mandamientos (uno de los cuales le niega matar), ¿cuál piensa que será el resultado?. Pues más impunidad.
Y, señores de Renovación Nacional (perdón, ?Restauración Nacional?*) no acudamos al argumento religioso para debatir si se debe aprobar la ?pena? de muerte o no. Pues los derechos religiosos ?y tendría que considerarse no sólo el derecho religioso católico sino los demás- son contradictorios en este aspecto aún dentro de una misma tradición religiosa. Por ejemplo, unos protestantes están a favor (basándose en la Biblia) y otros están en contra (basados en la misma fuente). Y por tanto, los legisladores en cuanto son representantes del Estado no deberían (oído a la música, congresistas católicos y evangélicos), legislar en base a sus creencias religiosas particulares, sino en función de lo que un análisis social y científico les ilustre sobre la capacidad de recuperación de los violadores de menores y sobre esta lacra. (Y a propósito, ¿alguien se ha acordado en la legislación penal de restaurar psicológicamente a las víctimas y sus familiasí?).
Si la ciencia demostrara que existen seres humanos con discernimiento incapaces de cambio moral (no hablamos de desquiciados mentales a los que se les aplica internamiento clínico), entonces la cadena perpetua es un recurso para mantenerlos alejados del resto de la sociedad. No hay necesidad de eliminarlos a sangre fría.
Denunciar el Pacto de San José de Costa Rica para introducir la pena de muerte no es una medida razonable mientras no se haya intentado enfrentar las tareas previas que el Estado ha postergado durante décadas: la reforma penitenciaria y la reforma judicial. Doctor García, si desea mostrar firmeza a favor de los niños abusados y de sus familias, se la pedimos en relación a los penales y a la corrupción judicial, que ya es momento de hacer algo. No eludamos el fondo de los problemas.
* (Juego de palabras. ?Renovación? es el partido político de Rafael Rey, miembro del Opus Dei que está apoyando a Humberto Lay del partido evangélico ?Restauración Nacional? para la Alcaldía de Lima).
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