España: el aborto es un derecho, ¿pero por cuánto tiempo?

El sábado hubo una marcha contra la ley de aborto frente al Tribunal Constitucional.

Al entrar en vigencia la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, interrumpir un embarazo voluntariamente dejará de ser un delito, despenalizado sólo bajo algunas circunstancias, para convertirse en un derecho.
La legislación fue aprobada por el Parlamento español en febrero de este año y reemplaza a una normativa de 1985, bajo la cual unas 1.300.000 mujeres han abortado en España. Sin embargo, el Tribunal Constitucional podría frenarla esta misma semana por considerarla inconstitucional.
La nueva ley establece un plazo de aborto libre y sin dar motivos hasta la semana 14 de embarazo. A partir de ahí y hasta la semana 22, se podrá recurrir a la intervención cuando la vida de la madre corra grave riesgo. Tras ese límite temporal se permitirán sólo los abortos por malformaciones graves del feto, lo cual deberá ser examinado por un comité médico.
Hasta ahora, las mujeres sólo podían recurrir al aborto por violación hasta la semana doce, por malformación del feto hasta la 22 o por grave riesgo de salud de la madre sin plazo.
Como comentó desde Madrid la periodista de la BBC Sarah Rainsford, la legislación no hace más que regular una situación que ya sucede en el país, debido a que el aborto se permite si una embarazada asegura que su salud mental está en peligro con la continuación del embarazo.
Según datos del Ministerio de Sanidad español, a este motivo se acogían la casi totalidad de las mujeres (un 96,69% en 2008).
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Estreno sometido a juicio

Pero la ley no entra en vigencia exenta de polémica. No cuenta con el apoyo del opositor Partido Popular (PP), ni de asociaciones religiosas y grupos antiaborto, que en los últimos meses han realizado multitudinarias marchas para oponerse a ella en varias ciudades de España.
Además, la nueva normativa aguarda el dictamen del Tribunal Constitucional, que tras admitir un recurso del PP, decidirá en los próximos días si la norma es o no constitucional y podría frenarla, aunque haya comenzado a aplicarse desde este lunes.

El PP y el gobierno de Navarra han pedido la suspensión de ocho de los artículos de la legislación, por entender que el «aborto libre» es contrario al derecho a la vida, garantizado en el artículo 15 de la Constitución española.
Pero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo este lunes en una entrevista con la radioemisora SER, que el gobierno nacional está plenamente convencido de la constitucionalidad de la ley del aborto, ya que «es una norma totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional».
El punto más controvertido de la nueva legislación ha sido el hecho de que las mujeres de 16 pueden abortar sin permiso de los padres.
Pero el gobierno socialista de José Luiz Rodríguez Zapatero, quien impulsa la ley, ha hecho concesiones. Aunque se trata de una decisión autónoma de las jóvenes, modificaciones introducidas en la norma les obligarán a informarles a sus padres sobre su elección en favor del aborto.
Estarán exceptuadas quienes demuestren que decirles a sus padres podría generar un conflicto grave.
Según expertos del Ministerio de Sanidad citados por el diario El País, la ley contribuirá a frenar el creciente número de abortos en España (115.000 en 2008, es decir, un 3,2% más que el año anterior).
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo a la agencia EFE que «uno de los objetivos es reducir el número de embarazos no deseados y la cifra de abortos, que no han parado de crecer en las últimas décadas».